El Gobierno envió al Senado a defender el voto electrónico a un histórico del macrismo que fue procesado por contrabando

Se trata de Raúl Martínez, hoy en el Ministerio de Modernización. Fue procesado junto con Mauricio y Franco Macri en la década del ’90, pero los tres resultaron absueltos por la Corte menemista en un polémico fallo.

“Macri, Francisco y Martínez, Raúl s/ evasión fiscal y presunto contrabando -causa n° 2646-“. Tal era la carátula de la causa por la cual tanto Franco como Mauricio Macri estuvieron procesados en la década del 90 y fueron absueltos en un polémico fallo por la corte de la “mayoría automática” menemista, en 2002.

Como el nombre de la causa lo indica, otro de los involucrados era Raúl Martínez, quien ahora es secretario de País Digital del Ministerio de Modernización. Martínez participó del plenario de comisiones del Senado en el que expertos expusieron ante los legisladores sobre la reforma política, en particular sobre el proyecto del oficialismo para aplicar el voto electrónico en las elecciones del año próximo.

“No es una máquina que traen dos locos, es tecnología de última generación con certificación homologada internacionalmente”, afirmó Martínez, durante la audiencia realizada en la Cámara alta.

El funcionario indicó también que “si hubiera que usar chip tenemos una propuesta tecnológica de avanzada que cubre las expectativas que aquí se plantearon”. Además, garantizó a los senadores que “si se aprueba el proyecto, claro que se podrá revisar y ver cómo se realiza el programa y nunca entregar algo cerrado”.

A pesar de los detalles que ofreció a los legisladores, no pudo responder con precisión a una pregunta de la senadora tucumana Beatriz Mirkin por los costos de implementación del voto electrónico. “Yo no tengo el costo hoy porque la gradualidad o los tiempos al aplicarlo pueden hacerlo variable”, explicó el funcionario.

En la resonante causa en la que estuvo investigado en su momento Martínez, tanto Franco como Mauricio Macri fueron procesados en primera instancia ya que la Justicia sospechó que la sucursal argentina de Sevel cobraba reintegros por exportaciones a su filial uruguaya. Puntualmente, la investigación indicaba que las piezas vendidas eran ensambladas en Uruguay y luego importadas a la Argentina en forma de automóviles terminados. De este modo, se presumía que la compañía cobraba reembolsos por exportaciones y realizaba las importaciones con un arancel diferencial del 2%.

Así, fueron acusados por los siguientes cargos:

1) Obstruir el debido proceso legal respecto a la tarea de investigación por presunto contrabando llevada a cabo por el juez federal de Concepción del Uruguay, en los autos “Macri, Francisco y Martínez, Raúl s/ presunto contrabando”.

2) Causar un grave perjuicio al Estado nacional, que se vio privado de percibir los debidos tributos aduaneros y/o ejecutar las multas tributarias penales y/o decomisos

3) Convalidar la interpretación forzada del principio de la cosa juzgada, ya que no existía entre las causas identidad en los hechos, ni en los bienes jurídicos involucrados, ni en las pretensiones punitivas, requisitos para aplicar el aludido principio, beneficiando a un grupo económico.

4) Haber abdicado de manera arbitraria a su responsabilidad de efectuar el control de constitucionalidad en los términos del artículo 14 de la ley 48.

5) Hacer uso arbitrario de las facultades acordadas a la Corte Suprema de Justicia en el artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación.

En última instancia, fue la Corte Suprema con la “mayoría automática” menemista, la que libró de culpa y cargo a los empresarios. Sin embargo en 2003, cuando asumió Néstor Kirchner la Presidencia, el caso volvió a ventilarse. Es que los ministros del máximo tribunal que habían absuelto al actual mandatario fueron acusados por la mayoría de la Cámara de Diputados en el juicio político que se les inició por mal desempeño. Una de las cinco causas que enfrentaron los magistrados fue “el caso Macri”.

La comisión de Juicio Político de la Cámara baja acusó a los magistrados de “obstruir el debido proceso legal” de la causa y por cometer “un grave perjuicio contra el Estado al dejar de percibir los debidos tributos aduaneros”. Entonces, expulsados por la presión política renunciaron Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez. El Senado destituyó a Eduardo Moliné O´Connor y a Antonio Boggiano, aunque la “causa Macri” fue desestimada de entre las imputaciones.

LICITACIÓN A MEDIDA

El nombre de Raúl Martínez apareció por estos días involucrado en otra polémica. El Ministerio de Modernización tuvo que dejar sin efecto una licitación para la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de puntos de acceso wifi en 200 localidades del país con transporte de datos satelital en banda Ka, tras la polémica desatada luego de que el diario PáginaI12 denunciara que la convocatoria había sido armada a medida de DirecTV, la única que puede brindar servicios satelitales en el país en esa banda debido a una autorización experimental que le otorgó el Gobierno en septiembre. El contrato iba a ser por 12,2 millones de pesos. La cartera que conduce Andrés Ibarra oficializó la medida para dar marcha atrás con el negocio a través de la resolución 34 publicada en el sitio de Internet comprar.gob.ar con la firma de Raúl Martínez, responsable de la secretaría País Digital.