Referentes del radicalismo prostituían menores en cabañas de pesca

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La causa fue iniciada hace cinco años.

Mujeres y menores eran obligadas a prostituirse bajo amenazas.

El Ministerio Público Federal tiene por probado que un grupo delictivo integrado, entre otros, por personas vinculadas a referentes políticos del oficialismo de las localidades de Itá Ibaté, Paso de la Patria, e Ituzaingó explotaban sexualmente a menores de edad en cabañas de pesca.

Según los documentos judiciales, la organización “trasladaba en remises desde Posadas hasta Itá Ibaté a las mujeres, y a menores de edad con documentos personales falsificados, hasta cabañas donde eran obligadas a prostituirse bajo amenazas o se aprovechaban de su vulnerabilidad”.

La denuncia de estos hechos fue efectuada por la Gendarmería Nacional en mayo de 2011 ante el Juzgado Federal 1 de Corrientes. Fue después de que se recibieran denuncias de vecinos de Ituzaingó que dieron a conocer que en los locales “Eros” y “Casablanca” se estaría prostituyendo a menores de edad.

Esto dio lugar a una investigación de oficio en la que pudieron identificar a Rita de Cassia Zapf.; Dionisio B.; y Rodolfo B. como los líderes de una organización que hacía funcionar lugares de recepción y explotación de personas.

Las escuchas telefónicas posibilitaron la obtención de indicios respecto a vinculaciones entre dos mujeres y un hombre investigados por el delito de Trata de Personas.

Sin embargo, con el cúmulo de información obtenida, el titular del Juzgado Federal 1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, evitó autorizar la continuidad de las investigaciones.

Cinco años después del inicio de las averiguaciones, el 26 de septiembre de 2016, el juzgado emitió un escrito expresando que “atento a que el cúmulo de tareas que recae en forma diaria en este órgano jurisdiccional, impidió dar tratamiento con prelación a la temática de la presente causa y a los fines de resolver acerca de lo establecido en el art 62 del Código Penal, córrase vista al Procurador Fiscal”.

Esta disposición llamó la atención del Ministerio Público Fiscal Federal debido a que tres días antes, la Prefectura Naval había allanado las cabañas que funcionaban como prostíbulos, según la denuncia de Gendarmeria, liberaron a 11 mujeres de esos lugares, y detuvieron al dueño del lugar.

El detenido fue identificado como Matías Santiago Megines, cuyo padre tiene un cargo en el radicalismo y se reporta a Sergio Flinta, al presidente del bloque de Senadores de esa fuerza política. Junto a él estaba Rita de Cassia Zapf.

Hubo en simultáneo otra intervención en una cabaña de pesca en Paso de la Patria, lugar donde el Gobernador solía realizar “reuniones de trabajo” con su gabinete. Allí detuvieron a su propietario, Matías Santiago Aquere Seoane, también vinculado políticamente a Flinta.

Anteriormente, el 17 de septiembre, la Policía Federal Argentina había allanado los locales “Casablanca” y “Eros”, liberaron a dos mujeres argentinas y una paraguaya que aparentemente eran obligadas a prostituirse. Allí detuvieron a uno de los que ya había sido sindicados por la Gendarmería como proxenetas.

Consecuencias

Una fuente judicial contó a Nova Corrientes que “se iniciarán las actuaciones correspondientes porque no es posible que un juez ampare con su inacción la comisión de delitos de gravedad por tanto tiempo”.

Como consecuencia esa supuesta falta de interés del Juzgado por avanzar en la causa iniciada hace cinco años, el Ministerio Público Fiscal puso en dudas el desempeño del juez Carlos Soto Dávila por obviar las denuncias realizadas por la Gendarmería y permitir que continúe el delito de trata.

La suspicacia está dada además porque en el hecho están involucrados referentes políticos del partido que gobierna la provincia, y que las causas avanzaron sólo después que existieron al menos tres investigaciones diferentes por los mismos hechos.

Fuente:http://www.novacorrientes.com/nota.asp?n=2016_10_14&id=33171&id_tiponota=24