Juan Gabriel Labaké: La Corte Suprema legalizó el aborto encubiertamente.

Estimados amigos:
Como recordarán, 120 abogados argentinos, a fines de 2012, denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, que era manifiestamente inconstitucional el fallo de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación-CSJN, que interpretó en forma sofística y arbitraria el art-86 del Código Penal.
Ese artículo exime de pena a quienes practican aborto en condiciones especiales: cuando existe peligro para la madre, o cuando el embarazo proviene de una violación o atentado al pudor de “una mujer idiota o demente” (sic).
La Corte Suprema aprovechó esa ocasión para dictar en forma subrepticia un fallo que directamente legalizó el aborto en todas sus variantes o figuras penales.
En ese momento, pedimos al Dr. Antonio Lloveras, prestigioso jurista de San Juan, que preparara un dictamen sobre dicho malhadado y mendaz fallo.
El impecable trabajo del Dr. Lloveras sirvió de base para redactar aquella denuncia nuestra ante la CIDH.
Objetivamente, nuestra denuncia fue inatacable, a tal punto que la CIDH, a pesar de su prejuiciosa tendencia a favor del aborto aunque sea perpetrado como homicidio liso y llano, no pudo rebatir nuestros argumentos ni rechazar por algún motivo jurídico serio nuestra presentación.
Por ello, la CIDH se vio obligada a hacer un papelón internacional, al dar una excusa absurda y vergonzosa para no tratar nuestra denuncia: adujo que “la información” aportada por nosotros “no satisface los requisitos establecidos por el Reglamento de la Comisión”…
Obsérvese que no dice que no aportamos “la prueba”, sino “la información”.
Sin embargo:
1.- Nosotros aportamos la siguiente información:
a)- El inconstitucional fallo de nuestra Corte Suprema.
b)- Nuestro Código Penal, que el fallo de la Corte interpretó caprichosa y maliciosamente.
c)- Nuestra Constitución Nacional, a la cual vulneró ese fallo de la Corte.
d)- El texto de los Tratados Internacionales suscriptos por la Argentina, incluso la Convención Americana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, que dio nacimiento y regula el funcionamiento de la propia CIDH, y que también fue vulnerada groseramente por el fallo de la Corte.
Es decir, enviamos a la CIDH toda la documentación que exige su Reglamento en estos casos. Y, en el escrito de presentación, hicimos un detallado y completo informe de los hechos y las circunstancias que los rodearon.
¿Qué otra información podíamos o debíamos enviarle, si no existe?
2.- Pero la CIDH llega al colmo de la mendicidad al afirmar que: no aportamos “los elementos necesarios para determinar que se trate de una posible violación de derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”
Al respecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 4, inc. 1, dice textualmente:
“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Ese derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
Por su lado, nuestra Constitución Nacional y la legislación pertinente establecen con claridad la inviolabilidad de la vida del niño desde el momento de su concepción.
Y así lo expresamos ante la CIDH en el siguiente párrafo de nuestra denuncia, que transcribo (ver, además, en archivo adjunto el Derecho aducido por nosotros en forma completa):
“De todos modos, es necesario remarcar que no venimos a solicitar un reconocimiento, ni directo ni indirecto, por parte de esa CIDH, del derecho a la vida del nasciturus (niño por nacer) desde el momento de su concepción en el seno materno, por cuanto ello ya está clara y definitivamente establecido en nuestra legislación nacional (art. 18 y 75 inc. 22 y 23 de la CN, y art. 2° de la ley 23.849) como acabamos de decir.”

Efectivamente, insisto, nuestra denuncia era por la inconstitucionalidad de un fallo de la Corte aplicado ”manu militari”.
Miente desembozadamente, pues, la CIDH cuando afirma que “la información aportada no satisface los requisitos establecidos por el Reglamento” y, en especial, los elementos necesarios “para determinar que se trate de una posible violación de derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”
Y mintió, insisto, porque no tenía forma de rechazar por razones decentes y jurídicas nuestra denuncia.
¡Bochornoso!
Hace unos días les envié el alegato que hice ante los tres fiscales del caso AMIA, por la inhumana persecución y discriminación que perpetran los jueces y fiscales, desde hace 22 años, contra inocentes argentinos de fe musulmana, por el solo hecho de profesar esa religión.
Hoy debo reconocer que siento vergüenza por el hecho ajeno, como abogado y como latinoamericano, al comprobar que el organismo creado para defender nuestros derechos humanos (de los cuales, el primero y fundamental es la vida) hace trampas para vulnerarlos. Con ello atropella también, y eso quizás sea lo más grave, los valores de la cultura humanista latinoamericana que supieron alumbrar los americanos precolombinos, los españoles y los portugueses al unirse todos en cuerpo y alma desde que se conocieron hace más de cinco siglos.
Matar a inocentes, y con mayor razón si son totalmente indefensos, no es de latinoamericanos.
Buenos Aires, 15-10-16.
Juan Gabriel Labaké

DERECHO ADUCIDO

Que, de conformidad con lo prescripto por los artículos 44 y 46 de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, venimos a formular la presente petición contra el ESTADO NACIONAL ARGENTINO, por violación de:

* los artículos 4 (Derecho a la vida), 5 (Derecho a la integridad personal), 8 (Garantías judiciales), 19 (Derechos del niño), 24 (Igualdad ante la ley), 26 (Desarrollo Progresivo), 29 (Normas de interpretación), 30 (Alcance de las restricciones), 31 (Reconocimiento de otros derechos), 32 (Correlación entre deberes y derechos), todos ellos en relación con:

* el art. 1 (Obligación de respetar los derechos) de la citada CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS;

* los artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 10 de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS;

* el artículo 1 de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, con la reserva efectuada por la República Argentina a dicho artículo por Ley 23.849 que en su art. 2, párrafo 3º que establece:

ARTICULO 2º — Al ratificar la convención, deberán formularse las siguientes reservas y declaraciones:

(…)

(Párrafo 3º): Con relación al artículo 1º de la CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, la REPUBLICA ARGENTINA declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad.

Ineludiblemente, esa interpretación legal y, por ello, obligatoria de lo que se entiende por niño rige, en nuestro país, también para las disposiciones de los art. 4 y 19 de la CADH;

* el artículo 6 de la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (“1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño.”)

* los artículos: I (Derecho a la vida), II (Derecho a la igualdad ante la ley) y XXX (Deberes para con los hijos y los padres) de la DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE; y

* el artículo 1 de la CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES INHUMANOS O DEGRADANTES, respecto de la forma en que se comete el homicidio del nasciturus.

Que la violación a los derechos humanos que denunciamos fue cometida en ocasión de dictarse el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en adelante CSJN, del 13 de marzo de 2012, en el caso caratulado “F.A.L. s/Medida autosatisfactiva” (F.259. XL VI.).

Además, en nuestro caso, han sido vulneradas normas constitucionales y legales argentinas precisas y claras, que garantizan el derecho a la vida y otros, como son:

a)- el art. 18 de la Constitución Nacional (“Quedan abolidas para siempre la pena de muerte por causa políticas…”),

b)- los art. 18 y 19 de la Constitución Nacional (principios de legalidad y reserva),

c)- el inc.22 del art. 75 de la Constitución Nacional argentina (“La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre… la Convención

Americana sobre Derechos Humanos… en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional…”),

d)- el inc. 23 del art. 75 de la Constitución Nacional argentina (“”Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental…”),

e)- El ya citado art. 2, párrafo 3º de la ley 23.849 (“… se entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción”). Esta ley fue promulgada el 16 de octubre de 1990 y, conviene señalarlo, es posterior a la DADDH y a la CADH, así como al fallo de VH denominando “Baby Boy”.

De todos modos, es necesario remarcar que no venimos a solicitar un reconocimiento, ni directo ni indirecto, por parte de VH del derecho a la vida del nasciturus desde el momento de su concepción en el seno materno, por cuanto ello ya está clara y definitivamente establecido en nuestra legislación nacional (art. 18 y 75 inc. 22 y 23 de la CN, y art. 2° de la ley 23.849) como acabamos de decir.

Al respecto, hacemos notar que:

* El inc. 22 del art. 75 de la CN argentina establece que, si bien los tratados internacionales suscriptos por nuestro país tienen jerarquía constitucional, no derogan los derechos y garantías reconocidos por ella.

** El decisivo inc. 23 del art. 75 de la CN argentina, por el que se reconoce la existencia de un ser humano desde el embarazo, pertenece a la reforma de 1994, por lo que es posterior a la entrada en vigencia de los tratados DADDH y CADH, y también al controvertido caso “Baby Boy” resuelto por VH en 1981.

*** La ley 23.489, como ya lo anticipamos, fue promulgada el 16-10-1990 y también es posterior a la entrada en vigencia de los tratados DADDH y CADH, y al controvertido caso “Baby Boy”.

Es del caso señalar que en el informe de VH en dicho antecedente, se dijo que “la aceptación de este concepto absoluto –el derecho a la vida desde el momento de la concepción– habría implicado la derogación de los artículos de los códigos penales que regían en 1948 en muchos países….” (Considerandos, numeral 19, e).

Pues bien, esa aceptación del concepto absoluto se configuró en el ordenamiento jurídico argentino al confluir con el artículo 6.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño (“Todo niño tiene derecho intrínseco a la vida”) con la declaración interpretativa efectuada por la República Argentina al ratificar ese instrumento expresando, como lo ordenaba el artículo 2° de la Ley 23.849, que niño es “todo ser humano desde la concepción”.

Por ello, debe concluirse en que se operó la consecuencia derogatoria a la que se aludió en el numeral 19 e) de los “Considerandos” de “Baby Boy”.

**** En el caso que nos ocupa, es de estricta y obligatoria aplicación el principio general del derecho de que una norma posterior deroga automáticamente a una anterior que la contradiga.

***** Por ello, y cualquiera sea la validez del fallo de VH en el caso “Baby Boy”, su aplicación ha quedado totalmente vedada en la Argentina, por haber perdido las condiciones de vigencia que exige el citado inc. 22 del art. 75 de la CN, al menos a partir de la citada reforma de 1994.

****** De la misma manera, la única interpretación de los art. 1º de la DADDH y 4º de la CADH, que es válida en la República Argentina y, por lo tanto, de aplicación obligatoria para todos los tribunales internacionales que intervengan en casos de la República Argentina, es la que surge del inc. 23 del art. 75 de la CN y de la ley

23.489 que son, insistimos, posteriores a la vigencia de la DADDH, de la CAADH y del caso “Baby Boy”.

Además, deseamos resaltar en esta denuncia que del obrar del Superior Tribunal de Chubut y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convalidó su fallo, resultan directas y graves violaciones a los derechos consagrados en distintos instrumentos internacionales de derechos humanos que, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional en la República Argentina, a saber:

1) Al ejecutarse al niño sin que estuviera firme la sentencia del Superior Tribunal de la Provincia del Chubut y habiéndose interpuesto recursos extraordinarios en su favor (de neto efecto suspensivo), se vulneraron, además, sus garantías judiciales, en ostensible y directa violación de las disposiciones de los artículos 18 de la Constitución Nacional, 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombres, 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2) Para colmo de males, al momento de su ejecución, el niño tenía casi 5 meses de gestación, lo que implica que prácticamente todos sus órganos estaban listos como para poder sobrevivir fuera del seno materno con los debidos cuidados; lo cual ni siquiera fue intentado. De modo, pues, que al causársele la muerte por el aborto, fue groseramente violada la disposición del artículo 6.2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que impera la garantía de la “supervivencia y desarrollo del niño” “en la máxima medida posible”, vulnerándose también los dispositivos que reconocen y garantizan al niño “el disfrute del más alto nivel posible de salud ” (artículos 24.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y que obligan al Estado a “Reducir la mortalidad infantil y en la niñez”, y a “Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños”(artículos 24.2, incisos a y b de la Convención sobre los Derechos del Niño y 12.1 y 12.2.a del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

3) Fueron violadas también las disposiciones de los artículos 7 de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, 25.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, normas que establecen el derecho a la protección, cuidados y ayudas especiales para los niños y los correlativos deberes de su familia, la sociedad y el Estado.

Por todo lo expuesto, aclaramos que nuestra denuncia específica es la violación de los artículos de la DADDH, de la CADH y demás instrumentos internacionales citados, por parte del Estado Nacional-CSJN, pero en la inteligencia de que, para la República Argentina, es obligatorio partir de la base de que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción. Respecto de la correcta interpretación de este tema a la luz de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, nos remitimos al trabajo doctrinario publicado por la Revista de Derecho de Familia y de las Personas, La Ley, Año IV, Número 4, perteneciente al Dr. Manuel José García-Mansilla, que reproducimos en el Anexo 2.

Declaramos, asimismo, no haber iniciado petición alguna sobre esta misma cuestión ante ningún otro tribunal u organismo regional o internacional.

Finalmente, y tratándose de un fallo del máximo tribunal de la Nación, es evidente que han quedado agotadas las instancias nacionales.

Todo ello, abre el camino procesal para ocurrir ante VH.

Desde ya dejamos sentado que, para los firmantes de esta denuncia, es la mujer embarazada por un acto de violación, sea o no incapaz, la que más y mejor derecho, y muchas veces necesidad, tiene de recibir del Estado y

de la sociedad en general una atención esmerada en el terreno espiritual, psíquico, educacional, económico, etc., tanto respecto de su persona como de la de su hijo. En ese sentido, hacemos notar la poca protección que reciben ambos de parte de quienes tienen la obligación humana y legal de hacerlo. Para cumplir debidamente con la defensa de los derechos humanos, lo correcto no es facilitar el aborto, es decir la muerte de uno de los dos protagonistas del caso y, para mayor mal, la del niño indefenso, sino que el Estado y la sociedad toda empeñen sus mejores esfuerzos en auxiliar y proteger debidamente a la mujer violada y a su hijo.

Fuente:https://www.facebook.com/JuanLabake/photos/a.1468578633432539.1073741828.1464744250482644/1656378367985897/?type=3&theater