Primeras consecuencias: en 90 días se reformará la policía bonaerense

La fuerza será la primera en pagar el costo del escándalo producido por la fuga de General Alvear. Vidal cree que personal policial ayudó a los prófugos. León Arslanián maneja la reforma.

Una vez más la figura de León Arslanian aparece detrás de un nuevo intento de reforma policial en la provincia de Buenos Aires. Como ocurriese durante la gestión de Eduardo Duhalde, el ex ministro propone una división de la fuerza y el pase a retiro de gran parte del personal superior.

La fuga de los condenados por el triple crimen aceleró los tiempos: la gobernadora, María Eugenia Vidal, encarará un plan de noventa días de saneamiento y reestructuración de la Policía Bonaerense que va a desmantelar la estructura actual, que se asienta en 74 comisarios “coordinadores”.

El nuevo esquema va a fusionar departamentales de investigaciones (DDI), repondrá la junta de clasificación de agentes, se revisarán legajos y sumariados, como también implicará el pase a retiro, forzado o no, de comisarios y personal jerárquico.

Inicialmente se había previsto para marzo, en un contexto de transición ordenada, pero los últimos acontecimientos obligaron a adelantar los tiempos.

“Sabemos que va a ser un proceso minado de zancadillas y vueltos”, dicen en el Gobierno, y por eso se tratará de manejar tiempos distintos a los acelerados que utilizara por entonces el ex juez del Juicio a las Juntas.

“El ingreso y ascenso de una serie de comisarios producto de acuerdos políticos es una burocracia generada por designaciones a dedo y pago de favores”, describen mientras aseguran que la fuga de los hermanos Lanatta y Schilaci lo puso en evidencia. “Aunque nunca llegue a probarse es claro que Aníbal Fernández seguía moviendo los hilos de la policía provincial y que muchos de sus punteros estuvieron involucrados en la cuestión”.

Las áreas de investigaciones y narcotráfico -en las que se supone se encuentran los principales focos de corrupción- serán las primeras en las que la reforma se hará sentir, al tiempo que habrá menos Departamentales y con un mayor grado de autonomía.

Con respecto a las actuales jerarquías se afirma que “muchos de ellos serán asignados a otras funciones, algunos van a pasar a retiro, otros tendrán retiros voluntarios y a otros se los va a remover directamente”, agregando que el plan contempla el regreso de las juntas de clasificación de desempeño policial, un trabajo que Daniel Scioli había dejado de lado para evitar roces con la fuerza. De ello dependerá un sistema de premios y castigos que podría incluir bonos salariales.

También habrá una revisación minuciosa de legajos, en especial en los casos de sumariados con causas difusas o vagas.

Si las condiciones presupuestarias lo permiten -algo que hoy parece lejano- se tiene prevista una fuerte inversión para equipar a una policía que se busca más moderna y efectiva.

Se comprarán patrulleros nuevos (tres de cada diez están inutilizables), armas, chalecos antibalas, motos y cascos. Además se busca cambiar el sistema de comunicación, que aún no está encriptado y permite una fácil interceptación.

Aires de renovación que podrían alcanzar a funcionarios del Ministerio de Seguridad. Aunque por razones de costo político se evitará desplazar a Cristian Ritondo, es claro que su cercanía con el anterior ministro Alejandro Granados y varios errores cometidos durante la investigación de la fuga han puesto en la mira su gestión y se le exigirá una mayor autonomía con respecto a lo que ya se denomina “la policía de Scioli”.

Se supo que quien pidió a León Arslanián que metiera mano en el asunto fue el propio presidente Mauricio Macri, quien considera que el costo político que pagará María Eugenia Vidal por el fallido operativo en la provincia de Buenos Aires será por errores cometidos en la evaluación y la estrategia elegida.

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