Gremios estatales dicen que no van a defender ñoquis pero están en guardia por despidos

Los sindicalistas creen que, como sucedió en el Senado, el Gobierno tendrá disposición a revisar casos particulares, pero que en el fondo está la orden expresa de Mauricio Macri de “achicar el Estado”

Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN
Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN

Los libros de autoayuda saben plantear que donde unos ven problemas, otros ven oportunidades. Aunque pensado para estimular la superación personal de cada individuo, el concepto parece hecho a la medida de lo que está ocurriendo estos días con la política laboral en la Argentina. Es así: hoy conviven como pueden dos miradas diametralmente opuestas sobre el mismo paisaje.

Mientras los gremios salen a denunciar una política salvaje de despidos en la Nación, que amenaza con extenderse a provincias y municipios, el Gobierno –que aún no lleva un mes de gestión– sostiene que no hace otra cosa que cumplir con su deber, al deshacerse de ñoquis y entenados del kirchnerismo, que impiden la instalación de un Estado moderno al servicio de la ciudadanía.

A modo de preanuncio de las paritarias, la dirigencia sindical anticipa reclamos de hasta el 50% de aumento para que la inflación acumulada no devore a los salarios. El ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, en paradójica consonancia con lo que decía Cristina, advierte que llegó el tiempo de privilegiar la conservación de los empleos a eventuales incrementos de sueldo, que en ningún caso deberían poner en riesgo las políticas para tratar de detener la alocada carrera de los precios.

La cuestión impositiva es otro factor disonante. Al tiempo que el sindicalismo desafía a que también se establezca por decreto la eliminación de Ganancias, como se hizo en beneficio de otros sectores, el Gobierno anuncia que en marzo presentará un proyecto para actualizar sus alícuotas. Más, esa iniciativa que hoy elabora la AFIP, es la primera que el macrismo buscaría tratar tras el receso parlamentario, en la idea de que ningún bloque se va a oponer a reducir un impuesto. Macri, al parecer, querría asegurarse un debut en el Congreso con paso ganador.

Tampoco ayuda al ensamble la indefinición acerca de un primer tête à tête entre el Presidente y la dirigencia gremial, doblemente desilusionada por ver cómo ha ido perdiendo fuerza hasta deshilacharse la idea de una Mesa de Diálogo Social, que el macrismo había prometido poner en marcha de inmediato si llegaba al poder. Los gremios ya imaginaban un coto en el que junto a empresarios iban a influir en la política socioeconómica; algo que jamás ocurrió el ciclo anterior.

“Ahora sería impensable algo así. No queremos ninguna foto que suponga que convalidamos el congelamiento de salarios o el blanqueo de aumentos de precios“, dijo a Infobae el estatal Andrés Rodríguez, al manifestar su rechazo a que el Gobierno sondee a los sindicalistas “a través de los diarios”, en vez de convocarlos a una reunión con Macri “para saber qué va a hacer”.

El líder de UPCN obvió hablar de la incapacidad que tuvieron los gremios para armar una lista que represente a todos los sectores, cuando días atrás se abrió una hendija para una posible excursión sindical a la Casa Rosada. No se olvidó del detalle el ministro de Trabajo, Jorge Triaca: “El Gobierno no se va a meter a decir este viene y aquel no. No vamos a repetir la historia de buenos y malos del kirchnerismo… En este caso, el movimiento obrero tiene que traernos una solución, no un problema”, puntualizó el funcionario, también en diálogo con este medio.

Fuera de esas minucias, Andrés Rodríguez consideró que la enérgica poda encarada en el Estado no contribuye al mejoramiento de un clima ya de por sí caldeado por una inflación que no cede. “Si a esto le sumamos que los próximos pasos, al decir del propio Gobierno, son el quite de subsidios y el aumento de tarifas, se puede sostener que la cosa pinta mal”, enfatizó.

El sindicalista estatal señaló además que, en compañía de gremios como ATE y la Asociación del Personal Legislativo de Norberto Di Próspero (de duelo esta semana por la muerte de una hermana) analizan planteos judiciales ante despidos supuestamente injustificados. Ese sería el caso de aquellos empleados del Senado que no llegaron a cumplir un año como planta permanente, pero que podrían acreditar que prestaban servicios desde antes como contratados.

En cualquier caso, estos gremios, que prometen no defender a nadie que no trabaje, creen advertir que los despidos en la Cámara Alta no responderían a una iniciativa de la vice Gabriela Michetti sino a una orden expresa de Mauricio Macri de “achicar el Estado”. Como sea, entienden que el Gobierno va a tener disposición para revisar cada despido en particular. La decisión de Michetti de dar marcha atrás con algunas cesantías (personal con limitaciones físicas, mujeres embarazadas y padres de chicos con capacidades diferentes) estimuló ese pensamiento.

De hecho, empleados cesanteados que pidieron instrucciones a la bancada peronista en el Senado sobre cómo proceder recibieron el siguiente mensaje: “Por ahora tranquilos, estamos negociando, ya les diremos qué hacer”. Lo peor del caso es que el mensaje proviene de un bloque que crujió ante los despidos: de hecho, su jefe, Miguel Ángel Pichetto, quedó enfrentado al resto de sus colegas por avalar la decisión del macrismo de revisar los contratos. “Esto sí es una grieta”, dijo a Infobae un senador peronista apelando a la palabrita de moda.

En cambio, actores de uno y otro lado consideran improbable que el Gobierno retroceda en su decisión de reconsiderar nada con el staff de trabajadores del Centro Cultural Kirchner o de dependencias estatales como la Jefatura de Gabinete o de la Secretaría de Comunicación Pública, con “sobrepoblación” de militantes kirchneristas, dicen, sin aparentes funciones que cumplir.

A todo esto, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, encargado de la supervisión de los 64 mil contratos que se firmaron en la administración pública durante los últimos tres años, continua adelante con esa misión, que alterna con periódicas reuniones con los gremios estatales. “Venimos analizando pormenores de la carrera estatal y de los concursos en el Estado. Pero si quieren plantear en este ámbito la reducción de planteles, podemos hacerlo, no hay problema”.

Opiniones son las que no faltan: el jefe de la CTA, el estatal Pablo Micheli sostiene que su sigla no defenderá ñoquis, pero descalificó la “forma violenta” en que el nuevo gobierno nacional se presentó en escena. Con todo, interpreta que hay que darle tiempo a Macri, en homenaje a la gente que lo votó con grandes expectativas de cambio.

Siempre en sintonía con lo que dice Hugo Moyano, su jefe, el panadero Abel Frutos criticó a Prat-Gay por entender que “empleo o aumento” es una velada amenaza. “La CGT va a pedir lo que haya que pedir”, sentenció. Triaca, en cambio, no desentonó con la línea de Prat-Gay, al confirmar a este sitio que los porcentajes de aumento que maneja el macrismo, de cara a las paritarias que vienen, “van del 24 al 28 por ciento”. ¿Eso conformará al sindicalismo?

Fuente:http://www.infobae.com/2016/01/08/1781678-gremios-estatales-dicen-que-no-van-defender-noquis-pero-estan-guardia-despidos