Jachalleros marcharán a San Juan para pedir el cierre de Veladero

A diez días del derrame de cianuro, siguen las asambleas diarias. Hoy sesionará en la provincia una comisión del Senado nacional.

Lejos de que la alarma inicial dejara paso a la calma, a diez días del derrame de cianuro en Veladero, los habitantes de Jáchal e Iglesia siguen movilizados. La plaza es escenario de asambleas cotidianas en las que la gente comparte las últimas noticias y decide los pasos a seguir.

En una de ellas se votó que este viernes partirá una caravana hacia la ciudad de San Juan para pedir a los legisladores provinciales el cierre de la mina de Barrick Gold, la declaración de la emergencia hídrica y la aprobación de leyes que prohíban la mega-minería y el uso de sustancias tóxicas en la explotación.

El juez penal de Jáchal, Pablo Oritja, quien investiga si hubo negligencia humana en la fuga de solución cianurada del domingo 13, extendió ayer por plazo indeterminado la clausura del sector de la mina donde se utiliza este elemento.

En un principio, el cierre había sido por cinco días pero ahora continuará hasta que la empresa cumpla con ciertas medidas de seguridad. El magistrado también resolvió que ya no es necesario que Barrick siga entregando agua envasada en Jáchal e Iglesia, porque no se ha encontrado cianuro en los últimos análisis.

Marcelo Castro Fonzalida, uno de los “Jachalleros en Mendoza”, comentó que esto genera mucha desconfianza en la población, ya que sólo ha habido estudios oficiales y la empresa y el gobierno, primero negaron el incidente y recién reconocieron la fuga dos días después.

El joven contó que en su pueblo se realiza una asamblea diaria, de la que participan como mínimo 500 personas, aunque el viernes pasado llegaron a 7 mil (en el núcleo urbano de Jáchal hay unos 10 mil habitantes). Además de decidir en conjunto las próximas acciones, comparten noticias ya que en la villa cabecera sólo hay Internet en ciertos espacios públicos y quieren mantenerse al tanto de las novedades.

Castro Fonzalida resaltó que en estas reuniones se ha visto a muchos que hasta ahora eran conocidos por todos como pro-mineros.

Consideró que el cambio se debe a que cayó la imagen de que Veladero era un proyecto de minería responsable. Él viajará para participar de la caravana y marcha del viernes próximo, y también está organizando, con los “Jachalleros en Mendoza” y las asambleas por el agua, una colecta de líquido envasado para llevar a Jáchal. Este sábado estarán recibiendo donaciones en el Parque Central, de 10 a 19, y esperan la llegada de varias botellas desde Esquel.

El abogado Ernesto Lloveras, quien fue director del Instituto de Derecho Ambiental del Foro de Abogados de San Juan, explicó que los vecinos están descreídos porque no hubo audiencia pública diez años atrás, antes de que comenzara el emprendimiento minero. A esto se suma que el gobernador José Luis Gioja no ha ido a la zona, pese a que han transcurrido nueve días del derrame y a que vivió allí. El letrado señaló que la gente está pidiendo el cierre de la mina y que en otros lugares, como Perú y Bolivia, se les ha obligado a irse porque no tienen la licencia social para seguir funcionando.

En cuanto al agua, indicó que quienes pueden compran envasada y las familias más pobres se ven obligadas a consumir la de la red pero con temor. De hecho, están esperando los resultados de distintos análisis de organismos públicos, privados e incluso el de especialistas de la ONU, que deberían estar listos a fines de esta semana.

Hoy, a las 18, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación se reunirá en San Juan para “tomar conocimiento y participar de la evaluación del estado de afectación del ambiente provocado por el derrame de compuestos con cianuro ocurrido en la mina de oro y plata Veladero”. Si bien la reunión, abierta al público, se iba a realizar en el Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, se vieron obligados -al parecer les cerraron las puertas- a trasladarla a la sede del Foro de Abogados de la provincia.

El docente de Geografía e integrante de la Asamblea por el Agua Pura en Mendoza, Marcelo Giraud, explicó que, después de la resistencia inicial al proyecto de Barrick, muchas personas no se animaban a hablar sobre los riesgos de la mega-minería.

Mientras que a partir del derrame se generó un fuerte remezón en la conciencia de los sanjuaninos. Además, estimó que será un elemento a considerar por los jueces de la Suprema Corte de Mendoza, quienes tienen dos meses para expedirse sobre la constitucionalidad de la ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias peligrosas en la minería y que ya avaló el procurador general, Rodolfo González.

Sobre el incidente en Veladero, Giraud opinó que la política comunicacional del Gobierno y de la empresa no hizo más que empeorar la situación. Es que el escape de solución cianurada fue negado por ambos y luego se habló de que se habrían filtrado unos 224 mil litros durante la hora y 45 minutos transcurridos desde que se detectó la fuga y hasta que se contuvo.

Sin embargo, en un informe al gobierno de San Juan, Barrick reconoce que no es posible identificar el momento en que se produjo la “contingencia operativa” ya que el último control a las válvulas se realizó el sábado a las 18 y el derrame fue descubierto el domingo a las 10.

El licenciado en Geografía subrayó que si bien se insistió en que era una empresa modelo de responsabilidad, no hubo un sistema automático de alertas que advirtiera del derrame, sino que lo encontraron los operarios en una inspección ocular. Consideró que se trata de un incidente muy grave y que sin duda se incurrió en el delito de contaminación ambiental.

Por su parte, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros manifestó su solidaridad con las poblaciones aledañas a Veladero y destacó que, según Barrick (asociada a CAEM), no se han conocido daños ni existe riesgo alguno para la salud pública ni los recursos naturales. Sin embargo, consideró indispensable la intervención de las autoridades competentes para realizar pericias que ratifiquen lo expuesto.

También llamaron a la reflexión para “evitar que se utilice este incidente como elemento para cuestionar la legitimidad de una industria lícita y necesaria, de la que se benefician decenas de miles de trabajadores en forma directa y la ciudadanía en general, a partir del desarrollo económico y social que genera”.

Fuente: losandes.com.ar