“Ser víctima del terrorismo es estigmatizante”

La fundadora del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, Victoria Villaruel, expone su punto de vista acerca de la la política de derechos humanos desde el regreso a la democracia y explica por qué cree que aquí prima una memoria incompleta.

Victoria Villarruel recibe periódicamente amenazas: le dijeron que le iban a pegar un tiro en la cabeza, que la iban a violar, que se merecía la muerte. A los 38 años, no tiene miedo porque considera que su lucha es justa. Su causa es malinterpretada por quienes la desconocen y tergiversada por quienes buscan acallarla.

Villarruel es abogada y en 2006 creó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), cuyo objetivo es que el Estado reconozca los derechos a la verdad, a la justicia y a la memoria de las víctimas de las organizaciones armadas guerrilleras que operaron durante los años ’60 y ’70 en la Argentina, como Montoneros, ERP y FAP. La motivación de la coautora del libro “Los otros muertos” radica en que considera que vive “en un país en donde los derechos humanos no se respetan y donde hay una hipocresía e impunidad sofocante”.

-¿Por qué buscar que se reconozcan los derechos de las víctimas de los guerrilleros es para muchos mantener una complicidad con la dictadura?
-Primordialmente por desconocimiento. Se ha relacionado a las víctimas con el gobierno de facto porque a lo largo de estos 30 años de democracia se ha escuchado una sola campana. A las víctimas de las organizaciones armadas guerrilleras no se las conocía, no se las escuchó, no se las vio llorar: es como si no existieran. Ser víctima del terrorismo en la Argentina es algo estigmatizante. Lo que pasó aquí es una profunda distorsión de los hechos históricos y la creación de un mito, pues la sociedad argentina siempre creyó que la mayoría de las víctimas de los guerrilleros eran militares, como si serlo, además, justificara el hecho terrorista.

-Se suele relacionar esta temática a personajes como Cecilia Pando u otras organizaciones militares…
Celtyv es una asociación civil que únicamente representa a víctimas del terrorismo, que son 17.382 personas. Nosotros no trabajamos en nada relacionado con la prisión de agentes del Estado ni el reclamo de violaciones a los derechos humanos en los juicios de lesa humanidad. No hay contacto con asociaciones que trabajen esas temáticas, porque nuestro tema está bien acotado a la víctima.

-¿Creés que los guerrilleros de los ’60 y ’70 deberían ser considerados terroristas?
-Eran organizaciones que se movían como ejércitos irregulares y que cometieron 21.600 atentados terroristas a lo largo de diez años. No estamos hablando de grupos de cinco estudiantes que tiraban una bomba molotov, sino de personas que tenían formación militar, un código de justicia revolucionaria, uniforme, himno propio, grados militares y una estructura de conocimiento de los armamentos y explosivos que les permitía fabricar sus propios fusiles y los explosivos plásticos que iban en las bombas.

-¿Por qué hablar de estas víctimas es un tema “políticamente incorrecto”?
-Porque tenemos funcionarios que han integrado estas organizaciones armadas. Con lo cual, desde el poder han tomado dos acciones: reescribir la historia y garantizarse su propia impunidad. Todas las leyes que se han dictado, en especial en la última década, son leyes de reparación, de derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia que han sido exclusivamente para aquellas personas que sufrieron abusos del Estado. Es decir, que si vos ibas caminando por la calle y volaste por la explosión de un coche bomba, no tenés ningún tipo de derecho, pero si el terrorista que puso esa bomba en ese coche sufrió torturas por parte del Estado, eso es lesa humanidad. Lo de él es imprescriptible y se juzga a los culpables y se lo indemniza; vos no existís.

-¿Cuál es tu postura respecto al gobierno de facto y a los desaparecidos?
-Mi postura es la de respeto a los derechos humanos, siempre. Considero que los guerrilleros de aquella época debieron haber sido juzgados y condenados. De ninguna manera estoy a favor de la violación de los derechos humanos, y por eso le exijo al Estado democrático que respete el derecho de las víctimas del terrorismo de hace 40 años. Nosotros no estamos de acuerdo en que se les violen los derechos humanos, pero de ahí a que tengan más derechos que las propias víctimas que ocasionaron, me parece que es una perversidad muy grande por parte del Estado.

-¿Por qué sostenés que en Argentina hubo una guerra?
-Acá eso se niega, pero la virulencia de los hechos cometidos, que son más de 21.600 atentados, da la pauta de que no fueron hechos aislados, sino que hubo un conflicto armado interno o guerra de baja intensidad. Por ende se debiera haber aplicado el Derecho Internacional Humanitario.

-¿Por qué decís que la vía judicial en Argentina está cerrada?
-En 2007, el procurador Esteban Righi le ordenó a todos los fiscales del país que no podían declarar como de lesa humanidad los crímenes del terrorismo.

-¿En qué se basó?
-Es una resolución e interpretación propia que tiene el Estado argentino que considera, siguiendo al Estatuto de Roma, que los crímenes del terrorismo, al no ser cometidos por el Estado, no son de lesa humanidad. Es una interpretación única en todo el mundo, dado que el Estatuto de Roma no dice eso, sino que sostiene que son crímenes de lesa humanidad los cometidos por el Estado, como así también por organizaciones armadas, donde entran Montoneros y ERP. Con lo cual esta es una visión politizada de lo que es un Tratado Internacional.

-Sin embargo, en Argentina el tema sí fue tratado.
-En el caso de la reparación, durante el gobierno de Menem se dictaron leyes reparatorias, pero únicamente para las víctimas del denominado terrorismo de Estado. Cuando se presentaron víctimas de Montoneros o ERP a reclamar la indemnización, porque la ley no les impedía presentarse, rebotaban en la Secretaria de Derechos Humanos porque les decían que no eran víctimas del terrorismo de Estado y que por ende no merecían ningún tipo de beneficio.

Victoria Villaruel

“Yo no justifico la posición del Estado de arbitrar todos los medios para reescribir la historia y garantizarle la impunidad a un sector: si juzga a los militares, debe juzgar a los terroristas guerrilleros”, afirma la abogada.

-¿Eso ha cambiado en la actualidad?
El Estado tiene una posición muy clara de justificar la acción violenta del terrorismo, de ensalzar la lucha violenta de los 70, de considerar que esos actos eran cometidos por “jóvenes idealistas”, de indemnizarlos y darles una pensión a personas que ya han sido indemnizadas. Además, muchos ex guerrilleros ocupan puestos de gobierno, y se enseña en los libros de estudios, desde el nivel inicial hasta el universitario, una visión ideologizada de la historia. Yo no justifico la posición del Estado de arbitrar todos los medios para reescribir la historia y garantizarle la impunidad a un sector: si juzga a los militares, debe juzgar a los terroristas guerrilleros. Si los derechos humanos son para todos, no podés darlos a discreción.

-¿Tienen relación con las Madres o Abuelas de Plaza de Mayo?
-Mientras no sean personas que digan la verdad sobre los hechos, nosotros no tenemos por qué sostener contacto. Sus hijos fueron los agresores de nuestras víctimas. La misma Hebe de Bonafini reconoció muchas veces que sus dos hijos, que figuran como desaparecidos, eran militantes combatientes de estas organizaciones. Mientras estas personas consideren que su amor de madre significa justificar los crímenes de sus hijos, difícilmente haya posibilidad de diálogo.

-¿Sentís que están en la vereda de enfrente de las luchas por los Derechos Humanos llevados a cabo por las Madres de Plaza de Mayo y otros organismos?
Nosotros no estamos en ninguna vereda. El Estado eliminó estas víctimas; es como si las hubiera desaparecido de la memoria. Es el Estado el que considera que hay ciudadanos que no merecen sus derechos humanos. Nunca nos hemos propuesto políticas de eliminación de otras asociaciones de derechos humanos.

Fuente: diariopublicable