¿Los presos ganan más que los jubilados? ¿Eso necesariamente está mal?

(Opinión Proyecto Segunda República)

Los presos que trabajan para el Estado cobran como mínimo ¾ partes del salario mínimo vital y móvil, que es en la actualidad de $5.888, por lo tanto; un preso cobra en la actualidad como mínimo $4.191.

Se hace ver como que los presos cobran un sueldo por el hecho de estar presos, los que cobran son los que trabajan que lamentablemente no son todos. Probablemente muchísimos entiendan que un jubilado tiene que cobrar más que un trabajador en actividad. Esto hay que explicarlo, a ver cuál sería el modelo de sociedad donde los jubilados ganen más que los trabajadores activos.

Por otra parte hay que destacar que la mayoría de los casos es trabajo en negro y no tienen aportes para la jubilación.

Los rubros laborales más frecuentes son las fábricas de zapatos, panificadoras y el armado de bloques de ladrillo. Muchas empresas privadas se establecen intramuros y aprovechan la mano de obra que allí reside, pero al no cumplir con los derechos laborales como corresponde, los empresarios obtienen grandes beneficios. Esto, nos guste o no y sin hacer apología del derechohumanismo, se llama esclavitud. Por otra parte, la realidad demuestra que el universo de personas que están presas y trabajan es muy pequeño. Según el último informe anual del 2013 del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de Pena, en el país hay 64.258 personas privadas de su libertad, sin contar las que se encuentran alojadas dentro de las comisarías, siendo la provincia de Buenos Aires la que lidera la tabla con un récord histórico de casi 35 mil. No obstante, solo el 19% del total trabaja al menos 40 horas semanales.

En Proyecto Segunda República, nos preocupamos seriamente por el bien estar de nuestros ancianos, después de todo, nadie es joven para siempre…

Lo inaceptable, es que ambas cosas, tanto el sueldo mínimo, como la jubilación mínima, sean insignificantes en un país donde el fisco ejerce una presión tributaria de casi el 51% sobre el PBI. Y peor aún, que el Estado permita la práctica del trabajo esclavo en sus propias instituciones. No importa que sea un batallón, una cárcel, una escuela, un terreno fiscal. Esto es inaudito. En especial si la mismísima constitución sostiene que las cárceles deben apuntar a la reinserción de los delincuentes, no a su esclavización o castigo cruel.

Los políticos se nos quedan con la mitad de nuestro trabajo y según la presidente; “SOMOS PAGADORES SERIALES”. ¿No es tiempo ya de reformular nuestra postura ante la deuda externa, para que podamos respirar e invertir lo necesario en nuestras cárceles, policías, poder judicial y más para que finalmente desaparezcan los amontonaderos de delincuentes que funcionan como verdaderas escuelas del delito? ¿Qué expectativas de reinserción puede tener una persona en un pozo infestado de cucarachas donde está todo el día mirando la pared y sufriendo hacinamiento, en vez de estudiar o trabajar?

Finalmente, queremos hacer un ligero análisis de la ley nacional de ejecución penal:

Según la ley de ejecución penal número 24.660, si el preso no tiene que pagar indemnización por daños y perjuicios resultantes de la comisión del delito (10%), eso va a parar directamente a ser prestación de alimentos y se suma al 35% de los que corresponde a su sueldo en concepto de alimentos desde ya (10% +35% = 45%) esto es: dinero para su familia, pero si el preso no tuviese familia, este dinero iría a parar al fondo propio que se le entrega a su salida de la cárcel; o sea que ya la suma que le corresponde sería esta: 45% + 30% = 75%. El 25% del dinero restante, es para hacer frente a gastos que el preso hace en la prisión donde cumple su pena. Por otra parte, independientemente del delito que haya hecho, la ley autoriza al delincuente a usar el 30% del dinero que cobra durante su estadía en prisión. Esto siempre y cuando tenga buena conducta.

ANEXO:
Ley 24.660

Artículo 120.- El trabajo del interno será remunerado salvo los casos previstos por el artículo 111. Si los bienes o servicios producidos se destinaren al Estado o a entidades de bien público, el salario del interno no será inferior a las tres cuartas partes del salario mínimo vital y móvil. En los demás casos o cuando la organización del trabajo esté a cargo de una empresa mixta o privada, la remuneración será igual al salario de la vida libre correspondiente a la categoría profesional que se trate.
Los salarios serán abonados en los términos establecidos en la legislación laboral vigente.

Artículo 121.- La retribución del trabajo del interno, deducidos los aportes correspondientes a la seguridad social, se distribuirá de la forma siguiente:
a) 10% para resarcir los daños y perjuicios causados por el delito conforme lo disponga la sentencia;
b) 35% para la prestación de alimentos según el código civil.
c) 25% para costear los gastos que causare en el establecimiento;
d) 30% para destinar a un fondo propio que se le entregará a su salida.

Artículo 122.- El salario correspondiente al interno durante la semilibertad, prisión discontinua o semidetención, podrá ser percibido por la administración penitenciaria o por el propio interno. En todos los casos deberá ser aplicado al cumplimiento de los dispuesto en los incisos 1, 2 y 4 del artículo 11 del código penal.

Artículo 123.- Cuando no hubiese indemnización que satisfacer, la parte que correspondiere a la misma según el artículo anterior acrecerá el porcentaje destinado a la prestación de alimentos.

Artículo 124.- Si el interno no tuviese indemnización qué satisfacer, ni hubiese lugar a la prestación de alimentos, los porcentajes respectivos acrecerán al fondo propio.

Artículo 125.- Si el interno tuviese que satisfacer indemnización, pero no prestación de alimentos, la parte que pudiese corresponder a esta, acrecerá el fondo propio.

Artículo 126.- En los casos previstos en el artículo 122 la parte destinada para costear los gastos que el interno causara al establecimiento, acrecerá su fondo propio.

Artículo 127.- La administración penitenciaria podrá autorizar que se destine como fondo disponible asta un 30% máximo del fondo propio mensual, siempre que el interno haya alcanzado como mínimo la calificación de conducta buena. El fondo disponible se depositará en el establecimiento a la orden del interno para la adquisición de artículos de consumo y uso personal que autoricen los reglamentos.

Artículo 128.- El fondo propio, deducida en su caso la parte disponible que autoriza el artículo anterior, constituirá un fondo de reserva que deberá ser depositado a interés en una institución bancaria oficial en las mejores condiciones de plaza. Este fondo, que será entregado al interno a su egreso por agotamiento de pena, libertad condicional o asistida. Será insensible e inembargable sin perjuicio de lo establecido en el artículo 129.

Artículo 129: De la remuneración del trabajo del interno, deducidos los aportes correspondientes a la seguridad social podrá descontarse asta un 20% los cargos por concepto de reparación de daños intencionales o culposos causados en las cosas muebles o inmuebles del Estado o terceros.

Fuente: Proyecto Segunda República